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Entrevista a David Bravo, arquitecto y colaborador del CCCB

¿Cuáles son los problemas de vivienda y urbanismo que más preocupan a escala global? ¿Están de acuerdo los gobiernos, las empresas y las instituciones en el momento de abordarlos? ¿Las ciudades comparten problemáticas y conflictos similares? En octubre de 2016 se celebró en Quito «Habitat III», la tercera Conferencia Internacional sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible. La ONU convoca esta cumbre cada veinte años para definir lo que se ha llamado «Nueva Agenda Urbana», la hoja de ruta que los estados y organizaciones tienen que seguir en materia de urbanismo y desarrollo urbano.

El arquitecto David Bravo, colaborador del Centro de Cultura Contemporánea en proyectos como el Premio Europeo del Espacio Público y la exposición «Piso Piloto», de la que fue co-comisario, asistió a la cumbre en representación del CCCB. Carlota Broggi, responsable de itinerancias del CCCB, entrevista a David Bravo sobre su experiencia en «Habitat III».

La necesidad de entender la vivienda como un derecho, de democratizar las ciudades y alejarlas de los intereses de las grandes corporaciones, la gentrificación y el discurso acrítico alrededor de las llamadas smart cities (ciudades inteligentes) son temas comunes que preocupan tanto en Barcelona como en Quito y que David Bravo recupera en esta entrevista.

¿Qué sentido tuvo la presencia del CCCB en Quito?  

- «Habitat III», la Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, reunió en Quito a activistas, pensadores y gobernantes de todo el planeta a fin de establecer las directrices de la Nueva Agenda Urbana. La relevancia de este encuentro se refleja en el hecho de que solo se celebra cada veinte años. La presencia del CCCB dio visibilidad a su reflexión sobre el hecho urbano, que, desde los inicios de la institución, forma parte de su ADN. La mirada del CCCB sobre la ciudad ha sido siempre transversal y se ha esforzado por cruzar disciplinas tan diversas como la filosofía, la literatura, la política y el urbanismo. Esta promiscuidad era muy pertinente en el contexto de Quito, donde se encontraron voces de muy distintas procedencias geográficas y disciplinarias.

- El debate generado en «Habitat III», ¿de qué forma te ha hecho cambiar tu visión de lo que deberían ser la arquitectura y el urbanismo como instrumentos para regenerar la ciudad?

- Más que hacerme cambiar de visión, me ha confirmado que la arquitectura y el urbanismo son armas de doble filo. Por un lado, pueden estar al servicio del abuso de poder, contribuir a la injusticia espacial, la especulación inmobiliaria, la corrupción urbanística, la deuda pública, el derroche energético y la concentración de riqueza en pocas manos. Por otro, sin embargo, son instrumentos ineludibles para la democracia.

- Más que de «regeneración», hay que hablar de democratización de la ciudad. Demasiado a menudo somos víctimas de una neofilia cegadora que nos lleva a presuponer que toda regeneración es positiva. Pero no siempre es así; muchas veces, regenerar significa estropear un tejido social y urbano, echar a perder sus valores y excluir o expulsar a sus habitantes más desfavorecidos. Por este motivo hay que politizar el juicio sobre cualquier transformación urbana, que en ningún caso es una cuestión puramente técnica o estética. Las transformaciones democratizadoras son aquellas que mejoran la convivencia de quienes comparten hoy la ciudad —justicia— y la supervivencia de quienes la heredarán mañana —sostenibilidad—. Si no se cumplen estas dos condiciones, no se está construyendo democracia.

«La arquitectura y el urbanismo son armas de doble filo: pueden estar al servicio del abuso de poder y ser a la vez instrumentos para la democracia» 

- La cumbre convocó a alcaldes de todo el mundo, así como a responsables de gestión y gobernabilidad de todas partes. ¿Hay consenso respecto a la visión de la vivienda como necesidad básica y como fenómeno colectivo, tal como lo es el espacio público?

- No, de ningún modo. Hay una gran polarización entre los que entienden la vivienda como un activo inmobiliario y priorizan el derecho a la propiedad y los que, antes que nada, entienden la vivienda como un derecho básico y como un instrumento para democratizar la ciudad. Esta polarización se manifiesta de varias formas. De los «encuentros temáticos» (thematic meetings) celebrados previamente en distintas ciudades para preparar la cumbre de Quito —en Barcelona hubo uno en abril— surgieron declaraciones oficiales en las que abundaban las alertas contra la «injusticia espacial» y en defensa del «derecho a la ciudad», conceptos que también estuvieron muy presentes en los actos de Quito, tanto en los networking events de la propia cumbre como en los foros alternativos celebrados paralelamente. A pesar de todo, algunos estados miembros de la ONU rechazan el uso de estos conceptos. Tanto es así que la declaración final de la cumbre, tal como señala el politólogo Joan Subirats, abunda en aproximaciones comerciales como la «smart city», mientras que elude la palabra «democracia» y hace una sola referencia, muy tangencial, al «derecho a la ciudad».

- Hace unos años que se ha incorporado al debate sobre vivienda y urbanismo la necesidad de apostar por ciudades inteligentes o smart cities. ¿Qué significa realmente este concepto y qué relevancia tuvo en Quito?

- Mi principal objeción a la corriente de las smart cities es que pone los medios por delante de los fines. De alguna forma, podríamos decir que contradice la tesis maquiavélica según la cual «el fin justifica los medios» defendiendo que «el medio justifica los fines», afirmación igualmente errónea. A menudo la smart city ofrece soluciones a problemas irrelevantes o inexistentes, mientras que elude dar solución a los dos principales problemas que sufren todas las ciudades: la injusticia y la insensatez. Por poner un ejemplo, no necesitamos sensores que nos permitan encontrar aparcamiento más rápidamente; lo que nos hace falta es conseguir que las ciudades puedan volver a funcionar sin un invasor tan injusto e insostenible como el vehículo privado, aunque sea eléctrico o sin conductor.

- La smart city se aproxima al hecho urbano desde una tecnofilia acrítica altamente despolitizada mientras olvida —u oculta— que cualquier transformación urbana tiene causas y efectos políticos —¡política viene de polis, que quiere decir ciudad!—. Además, lo hace de la mano de grandes corporaciones globales de dudosa reputación —como Cisco Systems o Telefónica— que concentran mucha riqueza y poder en pocas manos. Bien es cierto que, últimamente, se habla también de smart citizens, en lo que parece un lavado de cara de una iniciativa que, originariamente, se había olvidado de la gente. Y no cabe duda de que las nuevas tecnologías pueden ser de gran utilidad para mejorar la transparencia, la participación, la coproducción colaborativa y la gestión democrática de las ciudades. Pero hay que tener siempre muy presente que la tecnología es solo un instrumento y que tan pronto puede estar al servicio de la democracia como del abuso de poder.

«La smart city ofrece soluciones a problemas irrelevantes o inexistentes, mientras que elude dar solución a los dos principales problemas que sufren todas las ciudades: la injusticia y la insensatez»

- Como representante del CCCB, ¿qué aportación al debate general pudiste hacer durante las mesas redondas que se organizaron en «Habitat III»?

- En especial, se dio visibilidad a las lecciones acumuladas por el Premio Europeo del Espacio Público Urbano —convocado desde el año 2000 por el CCCB junto a seis instituciones más, de Fráncfort, Helsinki, Liubliana, Londres, París y Viena— y a las reflexiones aportadas por la exposición «Piso Piloto» —organizada conjuntamente por el CCCB y el Museo de Antioquia de Medellín—, que muestra multitud de soluciones que han demostrado su viabilidad a la hora de hacer efectivos el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad.

- ¿Piensas que esta reflexión ha evolucionado durante las jornadas de trabajo en Quito?

- Las reflexiones que hay detrás de «Piso Piloto» se han enriquecido porque han demostrado que, más allá de los contextos de los que partía la exposición —las ciudades de Barcelona y Medellín—, son igualmente pertinentes en otros escenarios, como las ciudades ecuatorianas o mexicanas. En Quito o el DF también preocupan fenómenos como la gentrificación, la falta de viviendas públicas de alquiler social y la proliferación de grandes promociones privadas que empobrecen el tejido urbano y aíslan a sus residentes en comunidades cerradas. En último término, se constata que el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad son universales e inseparables uno de otro. Es más: en un mundo cada vez más urbanizado, estos derechos constituyen la base del resto de derechos humanos.

- Si «Piso Piloto» sostiene que «la ciudad del futuro ya está construida», ¿por qué crees que es útil discutir los desafíos de la urbanización en el siglo xxi?

- Cuando decimos que «la ciudad del futuro ya está construida» no nos referimos a que no haya que hacer nada más ni pretendemos que todo se deje tal como está. Lo que queremos es superar el paradigma urbanizador del siglo xx, basado en el crecimiento ilimitado. Superar la lógica utopista del urbanismo moderno, que prefiere la tabla rasa o la obra nueva antes que tratar con la complejidad del lugar preexistente. Superar la extensión compulsiva del suelo urbano a través de sectores de nueva planta, monofuncionales y de baja densidad. Superar un modelo caduco, altamente injusto e insostenible, responsable de la dispersión urbana, la segregación espacial, las emisiones contaminantes, el derroche energético y la depredación territorial.

Lejos de ser nostálgico, hoy es plenamente contemporáneo defender el modelo premoderno de ciudad mixta y compacta, hecha de fincas pequeñas y entre medianeras, con calles corredor que favorecen el comercio de proximidad, la mezcla de usos y clases sociales, el movimiento peatonal y la posibilidad de un transporte público eficaz y de calidad. Este modelo es mucho más pertinente para afrontar los retos económicos, ecológicos y políticos que nos plantea el futuro inmediato.

«En Quito o el DF también preocupan fenómenos como la gentrificación, la falta de viviendas públicas de alquiler social y la proliferación de grandes promociones privadas que empobrecen el tejido urbano y aíslan a sus residentes en comunidades cerradas»

- Idealmente, ¿cuál crees que sería la mejor Agenda Urbana de los próximos años?

 - A mi entender, la Agenda Urbana tendría que ser una apuesta decidida por inundar las ciudades de radicalidad democrática. Lejos de ser un brindis al sol, esta apuesta puede traducirse en medidas muy concretas y contrastables. Cualquier transformación urbana debería democratizar la ciudad en cuatro sentidos principales:

1. Mirando hacia abajo, está el principio de redistribución, que transmite riqueza y oportunidades a la base de la pirámide social. Hay que democratizar el acceso a los recursos básicos y los lugares primordiales, combatir las crecientes desigualdades y entender que la cohesión social es una condición necesaria para el buen funcionamiento de cualquier ciudad.

2. Mirando hacia delante, está el recurso de la sostenibilidad, que mejora el legado que dejamos a las próximas generaciones. Hay que dejar de endeudarlas económicamente, de derrochar los recursos energéticos que necesitarán o de echar a perder el medio ambiente donde vivirán. Promover formas sensatas de hacer ciudad es el modo más eficaz de combatir el cambio climático.

3. Mirando hacia atrás, está el valor de la memoria, que extrae las mejores lecciones del pasado para que cada generación pueda progresar desde un punto de partida cada vez más adelantado. Hay que llenar los huecos disponibles en los tejidos compactos, activar las preexistencias heredadas del pasado con nuevos usos y sentidos que preserven sus valores patrimoniales. Reformar, reciclar, reutilizar y rehabitar lo que está construido antes de destruir, sustituir o edificar de nuevo.

4. Mirando hacia arriba, está la idea de la participación —o el bottom-up—, que nos permite combatir la tecnocracia, el populismo, el clientelismo y el abuso de poder. Hay que usar la pedagogía, la transparencia y el rendimiento de cuentas para transformar a los indiferentes o egoístas en ciudadanos responsables, rigurosos, concienciados, implicados y empoderados.